Los gobernadores ahora buscan negociar con Vidal el fondo del Conurbano

Antes de la elección del 22 de octubre, otro asunto puede poner en extrema tensión al sistema político: un eventual fallo de la Corte Suprema que, frente a una demanda bonaerense, dinamite el reparto de fondos entre las provincias.

La semilla de ese pánico la sembró el año pasado María Eugenia Vidal cuando pidió al tribunal que declare inconstitucional el “tope” de fija en 650 millones de pesos los recursos que recibe la provincia por el Fondo del Conurbano.

El expediente fue aceptado por la Corte y la rueda empezó a girar. El riesgo de un fallo inminente puso en alerta a los gobernadores del PJ que, de urgencia, se reunieron a fines de julio para hacer causa común.

Mañana, a las 12, en las oficinas del CFI los fiscales de Estado de las provincias ensayarán una estrategia jurídica compartida y ofrecerán una salida política. “Vamos a proponer que Buenos Aires ponga en pausa su demanda para abrir una negociación con la Nación y las provincias “ confió a Clarín un fiscal de Estado.

El funcionario precisó que hay una vía apta para discutir ese tema: en 2016 el Congreso aprobó la ley 27.260, que, entre otras cuestiones, creó una comisión para discutir una reforma tributaria y previsional. “La demanda bonaerense puede tratarse en ese ámbito” confió el fiscal de Estado.

No implica, aclaran los fiscales de Estado, que Buenos Aires desista de su reclamo sino que con acuerdo de las partes se establezca una especie de tregua para antes de dejar el caso en manos de la corte, se busque una solución política.

El alerta de las provincias es cosa seria. Si la Corte valida el reclamo de Vidal, Buenos Aires comenzaría a recibir unos $50 mil millones extra por año que deberán ceder las demás provincias. Como referencia, cada distrito perdería el equivalente a la pauta salarial mensual. Algunos números: Santa Fe y Córdoba dejarían de recibir unos 7.000 millones cada uno, Entre Rios 3.500, San Juan 2.200, Tucumán 3.000 y La Pampa, por repasar un puñado de ejemplos, 750 millones anuales.

Todas las provincias sufrirían ese impacto porque la demanda es sobre fondos compartidos. Meses atrás, la Corte notificó al Estado nacional sobre la demanda y la respuesta la dio Bernardo Saravia Frías, por entonces, secretario Legal de Nicolás Dujovne en Hacienda y ahora Procurador del Tesoro.

Saravia Frías avisó que el Estado nacional no tenía nada que decir porque la demanda no involucraba fondos nacionales sino que refería a la masa de recursos que se distribuye entre las provincias.

El asunto es delicado y Rogelio Frigerio lo aborda en sus charlas con los gobernadores pero un ala de la Casa Rosada tiene una posición ultradura: solo un fallo de la Corte a favor de Vidal, forzaría a los gobernadores discutir una reforma de la “Copa”.

Al planteo de los fiscales le deberá seguir una respuesta del gobierno de Vidal y del gobierno nacional. Y todo eso, con un dead line jurídico, y en un clima electoral embarrado siempre poco propicio para los acuerdos.

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